Los puntos débiles de un IVA de caja ineficaz para un autónomo

Sólo un 1% de pymes y autónomos se han beneficiado de la reforma por la que se permite declarar el IVA una vez que ha sido cobrado.

A finales de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que permitía a pymes y autónomos no ingresar a Hacienda el IVA de las facturas que aún no hubiesen cobrado. En principio, se estimaba que 2,3 millones de contribuyentes se acogerían a la medida, pero, en la práctica, menos del 1% se han beneficiado de ella.

Según explica la abogada y asesora de empresas, Carmen Díaz de Magdalena, el fracaso de la medida viene dado por las dificultades que pymes y autónomos encuentran para poder beneficiarse de ella.

En primer lugar, el hecho de acogerse al criterio de caja para administrar una empresa conlleva una serie de complicaciones significativas y la necesidad de implantar un nuevo criterio fiscal y contable mucho más complejo y difícil de gestionar. De ahí que, aunque muchos autónomos y pymes vieron como ventaja declarar el IVA una vez cobrado, decidieran seguir con su contabilidad ordinaria y, de paso, no perder clientes.

El segundo gran problema es que muchos autónomos han reconocido presiones por parte de las empresas para las que trabajan. El hecho de que un autónomo se acoja a este sistema, implica que el emisor de la factura no podrá desgravársela hasta que no pague. Es decir, el autónomo está dando problemas a su cliente, y este puede apostar por otro proveedor que no le dificulte el proceso de pago.

Poca repercusión

El Ministerio de Hacienda ha reconocido que el número de contribuyentes que se ha acogido a este régimen especial de caja es inferior al 1%, unas 22.000 personas, por lo que la medida que pretendía suponer un alivio fiscal para pymes y autónomos al no tener que adelantar un IVA no cobrado, ha tenido un impacto nulo o insustancial.

La reforma, que venía de la mano de la Ley de Emprendedores, resultó, en principio prometedora e interesante para pymes y autónomos, ya que asumir el coste del IVA sin haber cobrado la factura suponía para el colectivo adelantar al Estado cerca de 1.900 millones de euros. Sin embargo, la merma de competitividad y de eficiencia en la gestión que supone acogerse a la Ley ha supuesto su propio fracaso.

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