La reforma tributaria.

No podemos aspirar a un Estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera”, defendió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras entregar una copia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El objetivo del Ejecutivo, expuso la ministra, es elevar progresivamente la presión fiscal española, actualmente en el 34,5%, para acercarla al 41,4% que rige de media en la UE. Como primer paso, anunció, la reforma fiscal que incluyen sus cuentas de 2019 aumentará el esfuerzo tributario en un punto, hasta el 35,5%, a costa de elevar el gravamen a las grandes empresas y las rentas más altas. Un paso, subrayó, que se da “sin subir impuestos a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos ni a las pymes”.

Hacienda prevé que la recaudación tributaria de 2019 se incremente en 20.000 millores de euros, un 9,5% frente al cierre de 2018, hasta los 227.356 millones. La diferencia sería del 7,3% sin contar con el efecto del nuevo sistema automático de información (SII) del IVA, que ha ido retrasando un mes la liquidación del impuesto. De hecho, este efecto aportará 5.000 millones adicionales al Estado este año, de los que la mitad irá a compensar a las comunidades por los ingresos perdidos en 2017 y el resto será aprovechado por el Gobierno para compensar la tardía entrada en vigor, en el mejor de los casos, de sus nuevas figuras tributarias. Para evitar que esto siga ocurriendo, el Ministerio cerrará 10 días antes la liquidación del IVA de diciembre este año para computarlo en el mismo año fiscal.

Pese a ello, Montero aseveró a quien puso en duda sus previsiones que sus estimaciones son “más moderadas” que las de su antecesor, Cristóbal Montoro, cuyas cuentas se desviaron una media de 5.100 millones, dijo. “Montoro subió su previsión de ingresos un 7% bajando impuestos, nosotros los modificamos y creamos nuevos impuestos. El Presupuesto es más creíble que el de los años anteriores”, sentenció.

La ministra remachó, además, que su política fiscal está dirigida a “redistribuir la riqueza” y se centra en unos pocos privilegiados. En primer lugar, se establece un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas (para de acercar lo que pagan al 25% de tipo nominal sobre el que aplican deducciones), y del 18% para banca y petroleras (que parten de un 30%), a fin de recaudar 1.776 millones. La medida, ilustró, solo afectará a 10.092 compañías, el 0,7% del total, y ayudará elevar la recaudación de este impuesto un 14,1% hasta los 27.579 millones.

En paralelo, se rebajará del 25% al 23% el tipo para las 349.000 pymes que facturan menos de un millón, una cuarta parte el total.

A su vez, se eleva en dos puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, y en cuatro puntos para las de más de 300.000, lo que arrojará 328 millones de recaudación adicional a costa de solo 80.000 contribuyentes (el 0,4% del total). Además, se eleva en cuatro puntos el gravamen de las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros para obtener 332 millones de 20.792 contribuyentes (el 0,1%) para 2020. De otra aparte, se elevan un 15,3% los beneficios fiscales sobre la renta por las mejoras de la reducción de rendimientos del trabajo y deducciones familiares aprobadas en 2018. Hacienda busca recaudar un 4,9% más por IRPF, hasta 86.454 millones.

El gravamen de Patrimonio se incrementa en un punto para fortunas de más de 10 millones de euros, que hoy se sitúa en el 2,5%. Se busca captar 339 millones de 2.550 personas.

Del lado del IVA se rebaja del 10% al 4% el tipo sobre los productos de higiene femenina (dejando de recaudar 18 millones); se pasa del 21% al 4% en el gravamen sobre libros y publicaciones electrónicas (-24 millones) y se reduce del 21% al 10% el impuesto sobre servicios veterinarios (-35 millones). Aún así, el IVA debería ingresar un 11,7% más en 2019, 78.307 millones.

Finalmente, se equipara la fiscalidad del diésel al de la gasolina (una medida medioambiental que captaría 670 millones y no afectará a los profesionales del transporte) y se gravan al 15% los beneficios no distribuidos de las Socimis.

Además, el Consejo de Ministros impulsará el viernes los proyectos de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras (para cobrar 850 millones); el de negocios digitales (1.200 millones) y un paquete de medidas antifraude (por 828 millones).

Los impuestos especiales subirían un 11,8%, para arrojar 23.057 millones, y el resto un 16,4%, hasta los 11.959 millones.

A partir de ahí, en aras a ese progresivo incremento de la presión fiscal hacia la confluencia con Europa, Montero abrió la puerta a elevar el gravamen sobre empresas y bancos en 2020 una vez analizados los resultados cosechados en 2019.