Tasa Google
Gobierno de Pedro Sánchez aspira a recaudar 1.200 millones de euros anuales con su nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, que aprobó el viernes el Consejo de Ministros. La previsión, sin embargo, duplica la estimación que hace la Unión Europea sobre el potencial de ingresos que logrará España.
El modelo de cálculo utilizado por la Comisión Europea para analizar la implantación de una tasa similar a escala comunitaria, realizado en marzo de 2018, estimaba que España podría aspirar a obtener 600 millones de euros de recaudación en el año. La cifra se alcanzaba teniendo en cuenta el peso del país en la Unión Europea, a la que aporta el 7,5% del PIB.
Así se recoge en la memoria de impacto de la ley que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y en la que corrige progresivamente esta cifra al alza, por diversos motivos, para terminar alcanzando una recaudación potencial del doble, los 1.200 millones que figuran en el plan presupuestario del Ejecutivo.
En primer lugar, el Ministerio que dirige María Jesús Montero subraya que los datos de Eurostat indican que la importancia de España es mayor en Europa en cuanto a uso de redes sociales, búsqueda de información para la compra de bienes y servicios y búsqueda de viajes y alojamientos. En concreto, representa un 9,1% del total de la UE, lo que elevaría su capacidad recaudatoria a 728 millones.
Adicionalmente, Hacienda recuerda que la tasa Google que estudia Europea limita su aplicación a las empresas que facturen al menos cinco millones de euros en el país en que se pretende gravarlas, mientras que el Gobierno español ha rebajado el umbral a tres millones (siempre que facturen 750 millones en todo el mundo). Al ser mayor el universo empresarial sujeto al nuevo tributo, la estimación de ingresos podría elevarse a 968 millones.
Finalmente, el Gobierno cree que las estimaciones de la UE para 2018 no tienen en cuenta el fuerte crecimiento de los ingresos por publicidad online, los servicios de intermediación entre empresas y particulares o el tráfico de datos en Internet que permite la venta de información de usuarios, los tres supuestos gravados por la tasa. Bajo una estimación de incremento anual medio de la cifra de negocio del 25%, se considera que la tasa Google española podría recaudar entre 1.065 y 1.258 millones.
Hacienda recuerda, además, que el Ejecutivo del PP proyecto una recaudación de 600 millones en el primer medio año y 1.500 millones en el primer ejercicio completo cuando barajó implantar este mismo impuesto, por lo que consideran más prudente su estimación de 1.200 millones para un año.
Con todo, el resumen del documento detalla que la estimación de ingresos es de entre 800 y 1.200 millones de euros, con lo que el dato que se ha comunicado es el de la parte más alta de la horquilla barajada por los técnicos del Ministerio.
A estas consideraciones habría que sumarles el hecho de que el impuesto, que va a comenzar ahora su tramitación parlamentaria, solo entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con lo que más allá de la recaudación anual que pueda seguir logrando, lo previsible es que en 2019 solo acabe operando unos pocos meses, en el mejor de los casos, reduciendo con fuerza su capacidad de generar ingresos para las arcas públicas.
Los cálculos realizados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria indican, por ejemplo, que en el caso de que un 10% de las operaciones de las firmas telefónicas quedaran sujetas al gravamen, la recaudación de este sector equivaldría a 100 millones. Pese a la dificultad de realizar este cálculo en todos los sectores, la existencia de multinacionales dedicadas exclusivamente a los supuestos gravados lleva a sus técnicos a pensar que la recaudación final no se desviará del supuesto de Hacienda.
Críticas de la CEOE
La determinación del Gobierno de impulsar una tasa pionera en Europa sobre los servicios digitales ha sido criticada este lunes por la patronal empresarial CEOE, que también ha cargado contra el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras.
“En una economía globalizada, cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel internacional a través de la OCDE, con el fin de alcanzar un consenso y una solución globalmente aplicable, no una específica para España”, ha denunciado la patronal.
Su presidente, Antonio Garamendi, ha advertido en un comunicado de que este tipo de medidas conlleva no solo el peligro de deslocalización, sino de falta de atractivo para que las inversiones de fuera vengan a España. “Deberíamos crear una pista de aterrizaje para conseguir que vengan las empresas, ser un país atractivo en materia de digitalización y no quedarnos fuera del mercado”, propone.
A su vez, la patronal considera que el impuesto sobre transacciones financieras, o tasa Tobin, es contraria a la construcción de un mercado financiero único, encarecerá el coste de acceso a los mercados de capitales de las empresas españolas y dificultará la gestión de los riesgos financieros lo que, aseveran, tendrá un impacto negativo sobre el empleo y la economía.