El Gobierno planea eliminar bonificaciones fiscales del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades y aprobar esos cambios tributarios en sus Presupuestos Generales del Estado de 2020, para aumentar así su recaudación fiscal y poder incrementar más el gasto público. Acabar con los tres beneficios fiscales que está estudiando del Impuesto de Sociedades supondría que las empresas paguen 900 millones más cada año por este tributo. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha apuntado que hay margen de incrementar la recaudación eliminando los beneficios fiscales que no son eficientes, es decir, que no logran el fin teórico que persiguen. Para decidir cuáles de ellos pueden ser eliminados, el Ejecutivo utilizará uno de los estudios de la segunda fase del Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Aunque estos informes de la segunda fase aún no son públicos, fuentes conocedoras del proceso han confirmado que la Airef trabaja a toda máquina para entregárselos al Ejecutivo a tiempo para que pueda tener en cuenta sus resultados a la hora de elaborar las cuentas de 2020. 

En concreto, la institución que hasta hace días presidía el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha analizado la eficiencia de trece beneficios fiscales (tres del Impuesto de Sociedades, tres del IVA, seis del IRPF y uno que aplica a Impuestos Especiales), pero Montero ya ha apuntado tanto en público como en privado que los relativos a Sociedades serán los primeros que se mirarán. 

"Queremos estudiar a fondo el Impuesto de Sociedades. Hay que ver si las empresas realmente están usando los incentivos", apuntaba esta domingo en una entrevista publicada en El País.

Éstos son: descuentos en el Impuesto de Sociedades que se hacen para incentivar la Investigación, Desarollo e innovación (I+D+i) y que suponen un ahorro para las empresas de 355 millones de euros al año; tipos reducidos, por valor de 395 millones de euros; y beneficios por donaciones, por los que el Estado deja de ingresar 127 millones de euros. Si se eliminaran los tres, la Agencia Tributaria empezaría a ingresar 877 millones de euros al año de más por Impuesto de Sociedades.

IVA e IRPF, también afectados

Otras bonificaciones cuya vigencia está en duda son las reducciones por rendimientos del trabajo, por arrendamientos de viviendas -para propietarios- y por alquilar -para inquilinos-, por aportar a sistemas de previsión social (planes de pensiones), por tributación conjunta, por donativos y deducciones de carácter social (maternidad, familia numerosa, discapacidad...). Todas estas aplican al IRPF y suponen que el Estado deja de ingresar 12.725 millones de euros anuales.

Las que afectan al IVA son los tipos reducidos (25.600 millones de euros), las exenciones sociales del artículo 20 de la LIVA (sanidad y educación, 9.010 millones), y exención de los servicios financieros (7.040 millones). También se han revisado los tipos reducidos en el Impuesto de Hidrocarburos (gasóleo/gasolina, 1.935 millones).

Un volumen de datos sin precedentes

Para estudiar la eficiencia de estos incentivos, la Airef ha trabajado con cantidades ingentes de datos que le ha facilitado la Agencia Tributaria de declaraciones de estos impuestos de personas y de empresas para que trabaje con ellos, una vez anonimizados.

La Airef ha analizado cómo serían las declaraciones en caso de que no existieran estas bonificaciones y también si se produciría un efecto regresivo o progresivo en la redistribución de renta (si mejoraría o empeoraría la desigualdad), lo que sirve para comprobar si cumple el efecto que esperaba. 

Otro aspecto interesante es saber si cuando se ha aprobado una nueva bonificación (ha habido un cambio en un impuesto) se ha producido el cambio esperado. Por ejemplo, cuando se cambió el límite máximo para bonificar en la base imponible del IRPF la aportación anual a un plan de pensiones de 12.000 a 8.000 euros, habrá que estudiar si eso ha desincentivado el ahorro o simplemente ha hecho que el ahorro se vaya de ese a otro instrumento (en cuyo caso no ha provocado el efecto esperado). 

Además de este estudio, integra la segunda fase del Spending Review otro informe sobre los incentivos a la contratación, uno de gasto hospitalario, y otro de infraestructuras ferroviarias. Son menos que los de la primera fase pero son más intensos y analizan un volumen de gasto o potencial ingreso superior, del 6% del PIB en total.