Empleo propone endurecer las sanciones para las empresas que abusen de la temporalidad

Las medidas se negociarán con los sindicatos y la patronal.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado este jueves en el Congreso que la Inspección de Trabajo endurecerá las sanciones para acabar con la temporalidad injustificada en el mercado de trabajo y que impondrá sanciones por cada contrato que carezcan de causalidad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar sobre la evolución del mercado de trabajo, Báñez ha avanzado que el Gobierno trabaja "en nuevas medidas para acabar con la temporalidad injustificada" y para disuadir "para siempre" el recurso a la temporalidad como forma habitual.

"Queremos que sea justificada y no claramente abusiva", ha abundado Báñez, que ha explicado que este endurecimiento de las sanciones y de su metodología se acompañará con un estudio por parte de sindicatos y patronal sobre el peso de la contratación temporal, sector a sector, "para que no se produzca una contratación temporal injustificada".

"La temporalidad injustificada repele talento, distorsiona mercado y merma la competitividad y la productividad de las empresas, y los ingresos de las arcas públicas", ha aseverado la ministra, que ha criticado que "detrás de cada contrato en fraude hay una vulneración de derechos", por lo que ha justificado la necesidad de "dar un paso más".

Las propuestas transmitidas por el Gobierno a los agentes sociales pasan por una reducción en el número de contratos a tres --indefinido, temporal y de formación-- con una indemnización de despido creciente para los contratos de duración determinada de 12, 16 y 20 días por año trabajado.

Asimismo, la ministra ha avanzado que, en el marco de este diálogo social, se han propuesto medidas para mejorar el aprendizaje en la formación dual y ha señalado que una de ellas es la de impulsar una herramienta digital con la que informar en tiempo real de toda oferta formativa en el sistema público de empleo.

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